OFF THE RECORD
En el Hidalgo de la Cuarta Transformación, los requisitos para ocupar un cargo público se reducen a dos: el apellido correcto y la desfachatez suficiente para mentir descaradamente.
Neyda Naranjo Baltazar, secretaria de Cultura -nutrióloga de formación-, ha convertido la dependencia a su cargo en un coto familiar al designar a su prima Arely Mendoza Baltazar como su secretaria particular.
Aquí no hay sorpresas: ambas comparten no sólo sangre sino también una peculiar relación con la verdad académica.
La señora Mendoza Baltazar afirma poseer una licenciatura en Gastronomía, pero una revisión en los registros de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Gobernación revela una verdad incómoda: no existe título registrado a su nombre.
Esto significa una de dos cosas: o bien mintió descaradamente en su currículum (presentando estudios inconclusos como título profesional), o el gobierno de Hidalgo contrató a alguien que ni siquiera se molestó en titularse.
El caso pasa de ser un simple nepotismo a convertirse en un posible fraude en la declaración de requisitos profesionales, lo que debería ser motivo de investigación inmediata.
Pero en el ecosistema político hidalguense, donde la lealtad familiar vale más que la ley, esto parece ser sólo un detalle técnico.
Hidalgo cuenta con un Marco Jurídico claro: Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos (Art. 10, VII): Prohíbe expresamente beneficiar a familiares; el Código de Ética Gubernamental exige idoneidad profesional comprobable; y la Ley General del Servicio Profesional de Carrera establece que las contrataciones deben basarse en méritos verificables.
Sin embargo, Naranjo Baltazar y su administración han decidido que estas normas son meras sugerencias.
Lo grave no es sólo que hayan colocado a una familiar en un puesto clave, sino que lo hicieron avanzando sobre dos fraudes: el nepotismo y la falsa representación académica.
El gobierno estatal no puede pretender ignorar este escándalo. La Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo tiene la obligación de investigar tanto el nepotismo como la posible falsificación de documentos y el Congreso Local debería citar a comparecer a la secretaria y auditar todo el proceso de contratación.
Este caso resume la degradación institucional: una nutrióloga dirige cultura, una gastrónoma no titulada es su brazo derecho, y las leyes hidalguenses son papel mojado.
Mientras tanto, los artistas y gestores culturales reales ven cómo los recursos públicos se convierten en moneda de cambio familiar, en una secretaría de Cultura que destaca por no hacer nada, salvo organizar eventos que ya figuran en su calendario.
La pregunta no es si habrá consecuencias -sabemos que en México la impunidad es la regla-, sino cuántos casos más como este tendremos que tolerar antes de que alguien asuma la responsabilidad de gobernar con ética.