*A seis años de la explosión que dejó 138 muertos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló falta de prevención y exigió atención integral a víctimas.

A más de seis años de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, que causó la muerte de 138 personas y dejó 13 lesionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial en el que responsabiliza a la empresa por omisión y falta de debida diligencia.

El organismo autónomo señala que Pemex tenía conocimiento del “incremento exponencial de las tomas clandestinas”, pero limitó su actuación a clausurar puntos detectados sin implementar medidas eficaces para abordar el grave problema de extracción ilegal de hidrocarburos. “Ha omitido adoptar medidas necesarias, razonables y efectivas”, indica el documento.

La CNDH recomendó a la empresa modernizar sus sistemas de vigilancia, mejorar la capacitación del personal, someter sus actividades a evaluaciones de impacto ambiental y garantizar a las víctimas sobrevivientes acceso integral a atención médica, psicológica y de rehabilitación, previa valoración por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También exigió elaborar un programa de remediación ambiental en la zona afectada, que incluya la participación comunitaria, así como un plan de atención individual y colectivo para las personas afectadas, con el objetivo de restituir su dignidad y prevenir la repetición de hechos similares.

El informe resalta que, hasta ahora, ni el Gobierno Federal, ni el Estatal ni el Municipal han consultado a la comunidad ni han presentado acciones concretas para la recuperación del suelo afectado por la explosión, lo que implica un incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Entre las recomendaciones adicionales, se plantea que Pemex colabore con la Fiscalía General de la República en la investigación de los hechos y que impulse campañas de sensibilización en comunidades con alta incidencia de huachicoleo, además de fortalecer la cultura de la legalidad.

Finalmente, la CNDH exhorta a generar fórmulas jurídicas para garantizar la debida diligencia en derechos humanos, incluyendo la creación de normativas con participación de autoridades, sociedad civil, defensores y las propias empresas.

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