Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en el ejido El Cerezo, en Pachuca, propiedad vinculada al ex candidato a la presidencia municipal, Pablo Vargas González.
La diligencia se realizó como parte de la carpeta de investigación 12-2025-051-65 por el delito de despojo y lo que resulte, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.
De acuerdo con el caso, el denunciante es Sergio Loreto Hernández Gonzalvo, ejidatario reconocido, quien acusa haber sido despojado de aproximadamente 21 mil metros cuadrados de una parcela que forma parte de su patrimonio familiar.
En entrevista, Hernández Gonzalvo explicó que el conflicto inició antes de la pandemia, cuando familiares de su hermano ocuparon una vivienda dentro del predio para brindarle cuidados debido a problemas de salud. Sin embargo, tras el fallecimiento en 2021, señala que dichas personas se apropiaron del inmueble y lo desalojaron sin sustento legal.
“Me quitaron el acceso a la casa y argumentan que son las dueñas, sin ningún documento, ignorando mis derechos”, afirmó.
El afectado indicó que, tras intentar resolver el conflicto por la vía del diálogo, decidió proceder legalmente luego de presuntas agresiones y amenazas en su contra y hacia su esposa.
Asimismo, aseguró que actualmente cuenta con medidas de protección debido a amenazas de muerte, aunque reconoce vivir con temor constante.
“Sí temo por mi seguridad. Las medidas ayudan, pero no son garantía”, expresó.
El proceso legal contempla un avalúo del daño en las dos fracciones del terreno en disputa, cuya extensión supera los 21 mil metros cuadrados, con un valor estimado superior a los 100 millones de pesos.
Durante las diligencias recientes, el denunciante señaló que se registraron momentos de tensión y actitudes agresivas, lo que requirió la intervención de las autoridades para llevar a cabo las periciales.
Por su parte, Pablo Vargas González señaló en redes sociales que durante el operativo se incurrió en un uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos policiales.
El caso continúa en proceso, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades.